«Sin oro se puede vivir, sin agua se muere, es una decisión reflejada en la marca. Ayabaca ha decidido optar por la agricultura y no por la minería. Queremos cuidar los bosques, el agua, el ecosistema, la vida. Esta es una decisión que viene del 2007. Como obispos somos testigos de las opciones que ha hecho el pueblo, y acompañamos esta decisión”, remarcó Mons. Vizcarra durante la marcha.
Por la defensa de la vida
“Agro sí, mina no”, fue el grito colectivo de cientos de pobladores que participaron en la marcha, optando por la defensa de la vida. Al terminar la jornada pacífica de protesta, los Obispos leyeron el pronunciamiento en el que exigen que se respetan las decisiones colectivas, y que se realicen los procedimientos contemplados en los tratados internacionales, sobre la consulta previa. Además demandan del Estado peruano que no se imponga un proyecto minero, a cargo de una empresa que ya demostró diversas afectaciones y fracasos en términos ambientales y sociales
Los Obispos de Chulucanas, Jaén y Chachapoyas presidieron la marcha pacífica de las comunidades y rondas campesinas de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, con el apoyo de Chachapoyas, por la defensa del agua, la vida y los derechos de los pueblos al buen vivir, al ambiente sano y a la consulta y le dicen no a la minería en sus territorios.
Por su parte, Monseñor Mejía comentó que «estas expresiones escuchadas durante la marcha es el clamor de los pueblos que piden» que prelavezca la ganadería y la agricultura.
Al respecto, Monseñor Tapia concluyó diciendo que “El Papa nos ha pedido que debemos estar unidos, somos una familia humana y debemos buscar un desarrollo sostenible e integral, tenemos que pensar en las generaciones futuras”.
Red Iglesias y Minería
En cuanto a la Red Iglesias y Minería es un espacio ecuménico, conformado por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores que buscan responder a los desafíos de los impactos y violaciones de los derechos socio-ambientales provocados por las actividades mineras en los territorios donde viven y trabajan.
